Redacción Deporpress | 21 años de cárcel y una multa de 105 millones de euros es lo que solicita la Fiscalía por el caso de Seguridad Integral Canaria, que envuelve al presidente de la UD Las Palmas.
La Fiscalía acusa al presidente amarillo de haber defraudado cantidades por un importe de 36,66 millones de euros entre Seguridad Social y Hacienda, entre los años 2012 y 2017
Las acusaciones se basan en lo que entiende la acusación pública como una serie de «ficciones» en al pago de nóminas a empleados que buscaban eludir a ambas administraciones públicas para subir su propio beneficio, aunque eso supusiera «perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores«.