Redacción Deporpress | El capítulo de confusiones sobre la vuelta al fútbol continúa con un capítulo y seguido. Las contradicciones sobre el regreso de los aficionados a los campos genera nuevas confusiones, según informa IUSport. Durante el pasado martes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que el real decreto-ley aprobado otorga la competencia exclusiva al Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre apertura de los estadios y pabellones en la liga profesional de fútbol y baloncesto, «previa consulta con los organizadores, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad. A mi juicio, hay que garantizar la equidad de la competición. Por tanto, no puede ser que en unos sitios se haga de una forma y en otros no», expresó el ministro.
Sin embargo, dicha afirmación de «equidad» no se corresponde con el texto del decreto-ley, dentro de su artículo 15, que justamente entra en vigor ahora -el resto será después del estado de alarma-. Y reza: «En el caso de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB de baloncesto, la administración competente para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior será el Consejo Superior de Deportes, previa consulta al organizador de la competición, al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas. Las decisiones adoptadas por dicho órgano atenderán de manera prioritaria a las circunstancias sanitarias así como a la necesidad de proteger tanto a los deportistas como a los ciudadanos asistentes a las actividades y competiciones deportivas».
Un texto que deja a las claras la ausencia de términos como «equidad» o «integridad», haciendo mención a «circunstancias sanitarias», por lo que el CSD deberá tenerlo en cuenta y no resolver ninguna petición de apertura de estadios atendiendo a razones que no sean sanitarias. Así, podría darse el caso de que el CSD atendiera, dentro de estos criterios, a la apertura de unos estadios, pero no de otros -como ya planteó Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas-. Esto se entendería de acuerdo a la evolución de la pandemia, retornando a un problema que trataba de evitarse: que haya campos con público, pero otros estén vacíos.
De acuerdo con esto, podría darse el caso de que el CSD, atendiendo a esos criterios, accediera a la apertura de unos estadios pero no a otros, por entender que la evolución de la pandemia no lo aconseja, lo que nos devolvería al problema que el Gobierno quería evitar: que se abriesen unos estadios al público y otros no, amparándose bajo un decreto-ley que facultaría al CSD para actuar de forma asimétrica. De hecho, aún sigue casi la mitad de los ciudadanos en Fase 2, mientras diversas CC.AA. como Canarias ya están en Fase 3, con las diferencias importantes que ello conlleva para la practica deportiva y para la dinamización económica.
Extrañamente, la desiguadad inherente a las distintas fases de la desescalada, inevitable por cierto, solo ha sido criticada en la apertura de los estadios hasta el punto de que el Gobierno ha tenido que legislar de urgencia vía decreto-ley. Sin embargo, algo ha ocurrido por el camino y se han dado cuenta de que ese criterio, el de la equidad, no podía utilizarse en el caso de los estadios por varios motivos. Uno, porque implica una discriminación respecto a los otros sectores que sí han sufrido las diferencias propias de las fases de la desescalada; y dos, porque la asistencia del público a los estadios, siempre deseable por el colorido y apoyo que presta a su equipo, no forma parte esencial de la competición deportiva.
La presencia o ausencia de público en el deporte de competición es absolutamente indiferente desde el punto de la vista de las reglas de juego. Esta es una cuestión regulada por la normativa de espectáculos públicos, no por el ordenamiento deportivo. Por tanto, no puede adulterarse la competición en ningún caso por el hecho de que en unos estadios se juegue con público y en otros no. De hecho, hay otros supuestos en los que se disputan partidos sin público (por sanción, por obras, por cuestiones políticas, etc.) y nadie ha denunciado por ello una presunta adulteración de la competición.
Por eso, a la hora de otorgar la competencia al CSD en el decreto ley de ayer se ha especificado que deberá resolver siempre atendiendo a criterios sanitarios (no deportivos), es decir, lo contrario de lo que han venido proclamando nuestros gobernantes en los últimos días.